La profesora Rosa Rodríguez publica en ‘The Conversation’ un artículo sobre la asistencia letrada en tiempos de covid-19

13 de Mayo de 2020

Rosa Rodríguez Bahamonde, profesora titular de Derecho Procesal de la ULPGC y Secretaria General de la Institución, ha publicado un artículo en la plataforma de divulgación científica ‘The Conversation’ titulado ‘Covid-19’ y el derecho a la asistencia letrada.

En este artículo, la profesora Rodríguez Bahamonde se refiere a que “el derecho fundamental a la asistencia letrada impone la exigencia de asegurar y favorecer la efectiva designación de abogado, incluso de oficio en los supuestos previstos por las leyes, y su asesoramiento durante todo el proceso” y se plantea si es posible ejercer la asistencia letrada utilizando medios telemáticos.

Indica que “es clara la intención del legislador de mantener la presencia personal del acusado y su letrado en los juicios, pero como consecuencia de la vigencia del estado de alarma por la crisis del coronavirus están implantándose iniciativas que favorecen la asistencia telepresencial a los detenidos, sin estar justificada por la lejanía geográfica”.

“Tanto las dependencias policiales como los juzgados y tribunales son lugares de frecuente trasiego: reducir al máximo la presencia y permanencia de personas en ellos para practicar diligencias que pueden realizarse telemáticamente contribuiría a proteger a todos los sujetos, profesionales o no, que intervienen en el proceso”, indica la profesora

Por ello, “en el escenario actual y futuro, la garantía del derecho fundamental a la asistencia letrada ha de ser compatible con el derecho de los profesionales a la protección de su salud, reduciendo al máximo su exposición al contagio en aquellos casos en que existen medios alternativos para cumplir con sus obligaciones”.

“Por otra parte, la plena adaptación de los recursos policiales y judiciales a la comunicación telemática permitirá una mejor y más ágil práctica de muchas diligencias, sin merma alguna de las garantías procesales”, lo que lleva a concluir que “el legislador tiene una gran oportunidad para consolidar reformas legales acordes con la realidad de un nuevo tiempo tecnológico, social y jurídico”.

 

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