La CRUE insta al Gobierno regional a reflexionar sobre el borrador de Ley de Consejos Sociales

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha remitido recientemente una carta a la consejera de Universidades del Gobierno autónomo, Migdalia Machín, manifestándole la preocupación y malestar de la asociación que preside, creada en 1994, y que, en la actualidad, agrupa a un total de 77 universidades españolas, por la proposición de ley de consejos sociales que está tramitando el Parlamento de Canarias.

En opinión de Alcón, la propuesta legislativa redefine la función legal de los consejos sociales hasta el punto de “menoscabar gravemente la autonomía universitaria”. De hecho, añade, el texto “desnaturaliza la misión del Consejo Social como instrumento de participación y representación de la sociedad en la universidad y prácticamente hace de él un órgano de gobierno y representación más de la propia universidad, diríase que casi como un Consejo de Gobierno paralelo”.

La carta de la presidenta de la CRUE, también enviada a los rectores de las dos universidades públicas canarias, Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL), añade algunos ejemplos de este exceso competencial: se faculta a los consejos sociales para suscribir acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, incluyendo aquellos orientados al desarrollo de programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento. Tampoco parece la mejor solución, prosigue la presidenta, que el Consejo Social sea su propio órgano de contratación, cuando no es una Administración Pública distinta de la universidad.

Especialmente grave resulta la previsión recogida en el art. 14.3 de la propuesta en el sentido de que “la Intervención o a la unidad responsable de control interno de la gestión económico-financiera de la universidad, así como su personal, dependerá del Consejo Social (…)”. Según Eva Alcón, lo que el art. 59.3 LOSU prevé, por el contrario, es que “las universidades desarrollarán un régimen de control interno, que contará, en todo caso, con un sistema de auditoría interna” y que “el órgano responsable de este control tendrá autonomía funcional en su labor y no podrá depender de los órganos de gobierno unipersonales de la universidad”. Se trata, por tanto, de un control interno, una consideración que de ninguna manera puede darse al Consejo Social.

Estos son, opina Eva Alcón, sólo algunos ejemplos de esta propuesta legislativa que “podría causar perjuicios” al sistema universitario, “afectando claramente a la autonomía de las universidades”, por lo que la emplaza a reflexionar sobre estos asuntos y queda a disposición de la consejera para cualquier aclaración que se quiera precisar.