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El profesor de la ULPGC Juan Luis Jiménez analiza en el blog especializado Nada es Gratis el precio del carburante en Canarias, la falta de competencia y los subsidios
El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Luis Jiménez, junto al profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jordi Perdiguero, publican en el blog especializado Nada es Gratis un análisis titulado ‘Economía Aplicada, competencia y dinero público’.
Los economistas señalan, como antecedentes a este estudio, que la venta minorista de carburantes es un mercado de muy reducida competencia en España, y muy especialmente en Canarias. A pesar de la mayor experiencia liberalizadora en el Archipiélago, los investigadores señalan que los precios de los hidrocarburos en Canarias (antes de impuestos) son de los más altos de todo el territorio nacional y, “entre los factores que explican estas diferencias, se suelen argumentar los costes de transporte, la (doble) insularidad, la dificultad de alcanzar economías de escala o los costes de almacenamiento. Y, por supuesto, la competencia. O, mejor dicho, su ausencia”.
El Gobierno de Canarias encargó a los autores un informe para evaluar qué factores inciden en la formación de precios minoristas en el Archipiélago, cuyos resultados los investigadores exponen en este análisis.
El mercado canario presenta varias características y cambios a resaltar. En primer lugar, las islas de La Gomera y El Hierro son monopolios de la empresa DISA, estando en oligopolio el resto de islas y también con un papel relevante de dicha empresa. En segundo lugar, existió una refinería en Santa Cruz de Tenerife, hasta su cierre en junio de 2014. Y en tercer lugar, han aparecido nuevos operadores minoristas independientes, fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife, en el último lustro.
Analizando la evolución del sector, los autores señalan que, tomando como referencia a Baleares, la provincia que más se asemeja en comportamiento a los precios en Canarias, hasta 2013 los precios de todas las Islas y Baleares se mantenían relativamente similares. A partir de 2014-2015, La Palma, La Gomera y El Hierro se desmarcan como las más caras en Canarias, tanto en diésel como gasolina 95.
Incluso, el informe señala que, aplicando un estimador en diferencias con todas las provincias españolas, los precios comparativamente han descendido incluso en Canarias, excepto en estas tres islas.
Los autores determinan que “el número de rivales cercanos a cada estación de servicio disciplina la competencia efectiva y reduce los precios de los hidrocarburos. Pero si las estaciones cercanas son de la misma marca, la relación con los precios es positiva. En definitiva: la competencia es el principal factor desencadenante de las diferencias en precios”.
El objetivo del Gobierno con el informe era doble: evaluar la situación y establecer políticas al respecto qué redujesen el aumento en precios. Y la principal política que se barajaba era el mecanismo habitual en estos casos: el subsidio.
Así, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2020 incluían una partida específica de 1,5 millones de € como “ayuda para el transporte de combustible” para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y, además, un grupo parlamentario solicitó en enero de 2020 dejar exenta de tributación la entrega de combustibles a mayoristas en estas islas. Sin embargo, ambas intervenciones públicas han sido paralizadas a raíz de los resultados del trabajo.
Se da la paradoja que, en 2014, todos los Cabildos insulares aumentaron la imposición a los carburantes de 0,79 a 2 céntimos de euro por litro, excepto en estas tres islas. Y, aún así, los precios en ellas siguieron aumentando.
Dado que no existe justificación económica alguna que sustente el cambio de comportamiento de los precios en estas tres islas, los resultados podrían ser una evidencia de que los productores aumentan márgenes en parte gracias a los impuestos más bajos. “O dicho de otra forma: si el sector público le evita impuestos a los contribuyentes, es muy probable que la(s) empresa(s) suba(n) su(s) precio(s) final(es).”
“Casos como este explican qué es eso de la ‘Economía Aplicada’ y cómo debería actuarse. El Gobierno regional evalúa el origen del problema y, a partir de los resultados, determina cuál es la mejor medida a tomar”.
Para los autores la solución pasa por eliminar las barreras legales que puedan existir para el establecimiento de estaciones de servicio de otras enseñas, incluidas las “desatendidas”, que se ha demostrado como una medida eficiente para incrementar la competencia y reducir los precios.