El debate en Las Cortes sobre el Proyecto de Ley de Reorganización Administrativa y representación en Cortes de las Islas Canarias

No debe sorprender que Manuel Velázquez Cabrera buscara como colaboradores para su proyecto plebiscitario a los diputados republicanos y nacionalistas catalanes pues su hábil estrategia intentaba que estos, tradicionalmente defensores del autonomismo y regionalismo, identificaran el autogobierno de las islas como algo que les implicaba directamente por compartir unos objetivos comunes de descentralización. Asimismo, tampoco desconcierta que no se apoyara en los diputados canarios ya que era consciente de que los intereses de ellos estarían dirigidos a defender su postura con respecto a la división o no de la provincia, dejando en un segundo plano a las islas periféricas. 

Tras la ronda de entrevistas que realizó en su viaje plebiscitario, los diputados catalanes, en especial Pi y Arsuaga, pronto hicieron valer los compromisos que habían contraído con el abogado majorero. La primera aportación se hizo en mayo de 1911, cuando la Comisión estudiaba el «Proyecto Merino», que pretendía la división provincial y un diputado para cada dos islas menores, solicitando Pi que se incluyera íntegramente el Plebiscito en la documentación objeto de análisis. 

Las protestas y manifestaciones desde Tenerife, así como del diputado unionista Domínguez Alfonso, provocaron que la Comisión diera un nuevo dictamen, más equilibrado, en junio de ese mismo año, declarando la división provincial, la capitalidad en Santa Cruz y la adopción de todos los principios del Plebiscito. Aunque los grancanarios se conformaron, continuaba sin satisfacer a los diputados por Tenerife, que llegaron a exigir un referéndum acerca de la división y de los cabildos. 

Entre enero y mayo del año siguiente, los representantes por Gran Canaria solicitaron, sin demasiado éxito, no dilatar más la Cuestión Canaria. Velázquez Cabrera comentaría en su Resumen que “se destruyeron mutuamente la unidad y la división; y resplandeció, como no podía ser menos, el principio autonómico plebiscitario”. En junio se dio a conocer la nueva resolución de la Comisión parlamentaria, modificando únicamente la idea de la división a cambio de la creación de dos Comisiones provinciales, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas; pero desde el unionismo se siguió sin aceptar. 

Finalmente, se decidió de mutuo acuerdo, mas sin demasiado agrado, que el proyecto definitivo contenga la mancomunación de cabildos y la existencia de una sola Comisión provincial en Tenerife; el 27 y 28 de junio se aprueba respectivamente en el Congreso y en el Senado para entrar en vigor el 11 de julio la Ley de Reorganización Administrativa y de Representación en Cortes de las Islas Canarias, una solución de compromiso que, si bien no dio arreglo al Pleito Insular, sí permitió que las mal llamadas islas menores alcanzaran su mayoría de edad.