El rector suscribe en nombre de la ULPGC el Pacto por la Inmigración

05/03/03

El Rector Manuel Lobo Cabrera ha suscrito, en nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Pacto Canario sobre Inmigración, en un acto celebrado el viernes día 28 de febrero en la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

En el texto suscrito se destaca que "la insularidad y lejanía respecto al territorio español y europeo colocan a Canarias en una situación especial que exige la adopción de medidas específicas con las que abordar con mayor eficacia nuestros problemas como frontera ultraperiférica de la Unión Europea".

El Pacto Canario sobre Inmigración consta de diez acuerdos, algunos de ellos pormenorizados en subapartados, basados en el esfuerzo coordinado entre organizaciones gubernamentales, sociales, ciudadanas y no gubernamentales para la búsqueda de soluciones, el fomento del respeto y la convivencia, la integración social y para que este asunto quede al margen de la legítima lucha partidaria.

Texto completo del Pacto Canario sobre Inmigración:

El siglo XXI ha comenzado bajo el signo y el influjo de la globalización, entendida ésta como una mundialización de la producción de bienes y los mercados financieros, de los problemas ecológicos, la compresión del espacio debido a la revolución en las comunicaciones y los transportes, las instituciones de gobierno mundial, etc. Hoy parece evidente que la globalización económica en sí misma, si no se reorienta políticamente hacia el codesarrollo, contribuirá poco a reducir las profundas desigualdades en los niveles de desarrollo humano entre países y continentes, sino que, más bien, parece que tiende a abrir aún más esa brecha.
Si esa internacionalización económica cuestiona las barreras comerciales y desborda en buena medida el marco de acción de los propios Estados nacionales, no sucede lo mismo con la circulación internacional de la mano de obra, puesto que los países desarrollados se enfrentan al dilema de una creciente demanda interna para fortificar sus fronteras a la potencial presión inmigratoria, a la vez que necesitan de la inmigración para mantener su desarrollo económico y proteger las pensiones de su envejecida población, según indican diversos organismos internacionales. Así, la Unión Europea, que recibió 816 mil inmigrantes en 2000, necesitaría 44 millones en total hasta 2050.

Por tanto, las migraciones internacionales reportan beneficios tanto a los países receptores como emisores, a la vez que provocan una serie de problemas e incertidumbres que también afectan a ambos. Mientras que en los países emisores se cuestiona en qué medida las remesas de divisas que aportan sus emigrantes pueden compensar los efectos de este proceso sobre su desarrollo social y económico, con la fuga de muchos de sus habitantes más formados y emprendedores, en los países receptores preocupa que el acomodo y convivencia de grupos de los más diversos orígenes culturales y religiosos no afecte a su cohesión social, al tiempo que se cuestiona la tradicional equiparación entre derechos y ciudadanía. El desarrollo de fórmulas no sólo de respeto a las particularidades, sino de enriquecimiento mutuo entre colectivos sociales de diferente procedencia y cultura, constituye uno de los retos sociales y políticos más importantes de este tiempo, sobre todo en países como los del sur de Europa, que han pasado en muy pocos años de ser países de emigración a receptores de buena parte de los flujos recientes hacia el continente.
Otra de las consecuencias es que, cerradas las fronteras de la mayoría de los países del mundo próspero al ingreso de nuevos trabajadores y sus familiares, los flujos no se detienen sino que continúan al margen de las leyes, adoptando un carácter clandestino y posibilitando que el contrabando y el tráfico de inmigrantes se convierta en uno de los negocios ilícitos más lucrativos, cuando no peligrosos, a lo que debe unirse el efecto perverso sobre la economía por el desarrollo de sectores informales o de economía sumergida, así como la potencial vulnerabilidad de esos trabajadores, a merced de empresarios locales sin escrúpulos.
Así pues, por la globalización de las migraciones, el creciente volumen y diversidad de los flujos, la feminización de los mismos y la importancia política que ha adquirido la cuestión, junto con la aparición de otras transformaciones de orden cualitativo (el crecimiento de comunidades transnacionales, las diásporas globales, formas de ciudadanía flexible, etc.), se ha dicho que ésta va a ser la era de las migraciones.

Por todo ello, la readaptación a la nueva realidad que representa el fenómeno migratorio y la búsqueda de soluciones a los problemas derivados del mismo, no pueden ser exclusivos de un territorio o de un país, sino que requieren del impulso coordinado de todos los Estados implicados, especialmente por lo que se refiere a la intensificación de políticas de codesarrollo que contribuyan activa y eficazmente a reducir las diferencias de bienestar que separan al mundo desarrollado respecto de los países empobrecidos.

Canarias, que ya contaba con una importante trayectoria como espacio de transición entre continentes, es un buen ejemplo de esos procesos. En unos escasos treinta años, las Islas dejaron de ser tierra de emigrantes y pasaron a convertirse en destino y lugar de asentamiento de gentes de orígenes diversos, muy distinto status legal y las más variadas motivaciones, atraídas en unos casos por su creciente bienestar económico y las oportunidades de empleo (como ocurre con empresarios y trabajadores de muy diferentes procedencias), huyendo otros de la miseria y los conflictos que asolan buena parte del mundo empobrecido o, simplemente, buscando disfrutar de las magníficas condiciones naturales de Canarias.


A éstos hay que sumar el retorno de muchos antiguos emigrantes canarios y de sus descendientes, muchas veces con la nacionalidad de los países que les dieron acogida, como Venezuela, Cuba o Argentina. En conjunto, hoy viven en Canarias casi ochenta y ocho mil extranjeros, más de la mitad de los cuales son ciudadanos comunitarios, lo que representa poco más de un cuatro por ciento de su población total.
Ese proceso, acelerado a partir de la década de los noventa, que contribuirá sin duda a marcar el carácter y el desarrollo de la sociedad canaria del nuevo siglo XXI, pone sobre la mesa la capacidad de un territorio fragmentado y frágil como el canario para mantener niveles elevados de crecimiento inmigratorio, así como la necesidad de intensificar las actuaciones de integración en un marco de mayor diversidad cultural que favorezcan la cohesión social y mitiguen las tendencias a la dualización que caracterizan a las sociedades contemporáneas.


Al mismo tiempo, nuestra posición como frontera última y lejana de la Unión Europea nos convierte en lugar de paso de muchos de los flujos que tienen ese destino en su proyecto migratorio. En ese mismo contexto hay que situar la creciente importancia de la inmigración clandestina en el Archipiélago, que se visualiza sobre todo en las frágiles barquillas o 'pateras' en las que cientos de personas procedentes de países empobrecidos llegan a nuestras costas tras un largo recorrido en el que muchas de ellas quedan en el camino y para el que además han de empeñar cada vez mayores sumas de dinero para pagar los servicios de contrabandistas sin escrúpulos, cuando no quedan cautivos en esa nueva forma de esclavitud vinculada al tráfico de inmigrantes. Las barquillas no son, sin embargo, sino la manifestación más visible de un fenómeno de mayor alcance, puesto que muchos de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular han cruzado legalmente las fronteras, en general con un visado de turista.

En muchos casos, cuando los mecanismos legales de devolución no pueden hacerse efectivos, esos inmigrantes permanecen atrapados en las Islas sin alternativas legales posibles (una forma de `muerte civil¿, se ha dicho) y sin poder buscar salidas a su situación en otros lugares, debido al mayor control de pasajeros en puertos y aeropuertos, quedando condenados a la más absoluta marginalidad y vulnerables a distintas formas y grados de explotación económica y laboral.

La insularidad y lejanía respecto al territorio español y europeo colocan a Canarias en una situación especial que exige la adopción de medidas específicas con las que abordar con mayor eficacia nuestros problemas como frontera ultraperiférica de la Unión Europea. Pero, además, es urgente que se intensifique nuestra implicación en el desarrollo económico, social y político de nuestros vecinos africanos y los Estados iberoamericanos, no sólo incrementando drásticamente la cooperación al desarrollo con los mismos, sino sobre todo mediante la potenciación de los intercambios económicos y el apoyo activo a procesos de transformación a sociedades más justas y democráticas.


La trascendencia de esa situación y su impacto en el presente y futuro de la sociedad canaria, así como en la opinión pública del Archipiélago, es motivo suficiente para que las organizaciones políticas con representación en el Parlamento de Canarias formalicen el siguiente Acuerdo, con el objeto de sumar voluntades en el empeño común por afrontar de manera tolerante y constructiva este reto histórico que tiene planteada nuestra Comunidad, en base a los siguientes

ACUERDOS


Las organizaciones políticas firmantes y el Gobierno de Canarias, representantes de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias:

1. Asumen el deber ético de abordar el fenómeno inmigratorio que se está produciendo en las Islas desde el respeto y la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, especialmente en cuanto víctimas de la desigual distribución de la riqueza en el mundo y del engaño a que son sometidas por organizaciones de contrabando y tráfico de inmigrantes. Un derecho compatible con el de la población canaria a mantener su ritmo normal de vida.

2. Se comprometen a promover el máximo consenso en cuantas cuestiones tengan que ver con la inmigración, dejando este asunto completamente al margen de la legítima lucha partidaria.

3. Apoyan el esfuerzo de trabajo coordinado que llevan a cabo organizaciones sociales, sindicales, empresariales, vecinales y Administraciones públicas en el Foro Canario de la Inmigración, y respaldan las demandas dirigidas a la Administración del Estado, ratificadas por resolución unánime del Parlamento de Canarias el 12 de diciembre de 2001, así como los acuerdos asumidos por el Gobierno del Estado. Estos compromisos son:
3.1. Asegurar la vigilancia efectiva de nuestras aguas y costas, de manera que se eviten muertes inocentes, se frene la irregularidad que lleva a la explotación de las personas y dificulte la acción de las organizaciones de contrabando y tráfico de inmigrantes.
3.2. Puesta en marcha de cuatro Centros de Internamiento de Extranjeros, con un máximo de 250 plazas cada uno, en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, formando parte de la red estatal de dispositivos de esta naturaleza, de tal manera que, cuando éstos tengan cubierta su capacidad, puedan ser derivados hacia otros centros del Archipiélago o del Estado español.
3.3. Intensificar las acciones de colaboración con los países de origen a fin de agilizar la tramitación y ejecución de los expedientes administrativos de devolución, retorno y expulsión, con lo que se clarifique la situación de cada persona y se evite la creación de falsas expectativas de permanencia en nuestro territorio, así como para la lucha contra las `mafias¿.
3.4. Puesta en marcha de dos Centros de Estancia Temporal (CETI) o Centros de Inmigrantes en las islas de Gran Canaria y Tenerife, con capacidad máxima para 250 personas, en el marco de la 'red nacional de acogida a inmigrantes' prevista en las medidas 2.4 a y b del Programa Greco.
3.5. Al menos cuatro de los centros mencionados deberán hallarse en funcionamiento antes del próximo verano y los restantes antes de finalizar el año.
3.6. Articular, a la mayor brevedad posible, los mecanismos para que Canarias no se convierta en un lugar `sin salida¿ para las personas inmigrantes en situación irregular que, por no poder ser repatriadas y desbordar la capacidad de los centros de acogida, se quedan malviviendo en nuestras calles y plazas.
3.7. Desarrollar cuantas acciones de política exterior sean necesarias para impulsar un mayor compromiso de la Unión Europea para abordar y resolver estas problemáticas.
3.8. Aprobar un plan de apoyo económico a aquellas Corporaciones Locales en las que hay una mayor presencia de inmigrantes. La financiación del plan de apoyo sería de cuenta del Gobierno del Estado y del Gobierno de Canarias con una contribución del cincuenta por ciento cada uno.
3.9. Reforzar los medios materiales y personales de la Administración General del Estado en Canarias que tengan a su cargo funciones relacionadas con las políticas de inmigración.

4. Para el efectivo desarrollo de estas acciones, las organizaciones firmantes impulsarán la colaboración de las instituciones del Archipiélago, y en particular del Gobierno de Canarias, con la Administración del Estado, competente en su ejecución. En este sentido, se insta al Gobierno de Canarias a impulsar y apoyar la coordinación a través de la Subcomisión bilateral Canarias-Estado para la Extranjería e Inmigración, a fin de canalizar de forma ordenada los flujos migratorios en el Archipiélago.

5. El Gobierno de Canarias se compromete a acometer aquellas acciones que le compete en la atención a la población inmigrante en situación de irregularidad, teniendo siempre en cuenta que el objetivo de los servicios sociales es la integración sociolaboral:
5.1. Elevar al Gobierno de España propuestas sobre trabajo de extranjeros en Canarias, reservando cupos a inmigrantes en aquellos sectores en que exista demanda, especialmente en el sector primario y en el terciario, al amparo de lo establecido en el artículo 37.1 del Estatuto de autonomía.
5.2 Ejecutar el Plan Canario de Inmigración, consensuado por el Foro Canario de Inmigración y aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado día 16 de julio.
5.3 Firmar convenios específicos con Cabildos y Ayuntamientos en materia de protección social.
5.4 Establecer planes de choque específicos para Lanzarote y Fuerteventura en materia de infraestructuras sanitarias y educativas, con presupuesto específico.
La TV Canaria fomentará los valores de la interculturalidad con programas apropiados en el terreno educativo.
5.5 Fomentar y subvencionar proyectos de integración para personas inmigrantes.

6. Asimismo, las fuerzas políticas firmantes manifiestan el compromiso de promover en la población de las Islas actitudes de respeto hacia otras culturas y de convivencia para un mutuo enriquecimiento, así como rechazar y combatir cualquier manifestación de carácter xenófobo o racista.

7. Las fuerzas políticas firmantes se comprometen a desarrollar la política migratoria fuera de la lucha política partidista, dentro del espíritu de consenso y al margen de la confrontación electoral.

8. Se comprometen a impulsar la integración social de los inmigrantes, en el marco de las competencias de las Administraciones públicas canarias, y a informar regularmente al Parlamento de Canarias de las actuaciones y presupuestos previstos en cada caso.

9. Impulsar una mayor participación de las Administraciones públicas canarias en el desarrollo económico, social y político de los países pobres de nuestro entorno, en especial en Africa Occidental y el Magreb.

10. Por último, ofrecen el presente Pacto como punto de encuentro de cuantas fuerzas sociales, económicas, políticas o culturales estén dispuestas a sumarse al esfuerzo constructivo ante un fenómeno que exige la máxima generosidad de la sociedad canaria y de sus representantes.